
El Departamento de Estado acusa al Gobierno de limitar la prensa, tortura y ejecuciones extrajudiciales
Estados Unidos acusó al Gobierno de limitar la independencia del Poder Judicial para conocer y sancionar actos de corrupción, asà como practicar tortura y otras violaciones de los derechos humanos.
De acuerdo con el Informe 2019 sobre PrĆ”ctica de Derechos Humanos elaborado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, “El gobierno no respetó la independencia judicial y la imparcialidad. La influencia inadecuada en las decisiones judiciales fue generalizada. La interferencia varió desde el enjuiciamiento selectivo hasta el despido de casos en medio de acusaciones de soborno o presión polĆtica indebida. El Poder Judicial desestimó rutinariamente los casos de corrupción de alto nivel. La corrupción del Poder Judicial es un problema grave”.
Sobre la corrupción gubernamental, el informe seƱala que “La ley establece sanciones penales por corrupción por parte de funcionarios; sin embargo, el gobierno no implementó la ley de manera efectiva, y los funcionarios frecuentemente participaron en prĆ”cticas corruptas con impunidad”. “La corrupción gubernamental siguió siendo un problema grave y una queja pĆŗblica”, apunta.
Cita especĆficamente el caso de los sobornos por US$92 millones en pagados por la empresa constructora brasileƱa Odebrecht para obtener contratos.
Asimismo recuerda que en junio un informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación reveló que, ademÔs de los US$92 millones informados públicamente en sobornos, Odebrecht distribuyó otros US$39.5 millones en incentivos durante la construcción de la planta de carbón de Punta Catalina.
Al respecto observa que “despuĆ©s de que este informe se hizo pĆŗblico, la Oficina del Fiscal General interrogó a consultores financieros involucrados en el proceso de licitación de la planta, pero no presentó cargos adicionales. El fiscal general y una comisión designada por el Gobierno desestimaron previamente las acusaciones de irregularidad en el proceso de contratación de la planta”.
Ejecuciones y torturas
El informe indica que en 2019 hubo mĆ”s de 70 ejecuciones extrajudiciales por parte de la PolicĆa Nacional, y que “Aunque la ley prohĆbe la tortura, las palizas y el abuso fĆsico, hubo informes de que miembros de la fuerza de seguridad, principalmente policĆas, llevaron a cabo tales prĆ”cticas”.
“La NHRC (Comisión Nacional de los Derechos Humanos) informó que la policĆa utilizó varias formas de abuso fĆsico y mental para obtener confesiones de sospechosos detenidos.
SegĆŗn la NHRC, los mĆ©todos abusivos incluĆan cubrir las cabezas de los detenidos con bolsas de plĆ”stico, golpearlos con mangos de escoba, obligarlos a permanecer de pie durante la noche y golpearlos en los oĆdos con puƱos enguantados o espuma de muebles dura para no dejar marcas”, dice el informe.
SeƱala que el hacinamiento fue un problema en las cƔrceles del antiguo modelo penitenciario, e hizo Ʃnfasis en La Victoria, que fue construida para 2,011 reclusos y actualmente alberga a 7,758.
Libertad de prensa
El informe precisa que en sentido general se hicieron crĆticas al Gobierno de manera pĆŗblica y privada sin que se produjeran represalias, pero que en varias ocasiones se limitó el ejercicio periodĆstico
Aunque sin citar el nombre de Marino Zapete, el Departamento de Estado dijo que “en septiembre, un programa de noticias de televisión presentado por un conocido periodista fue cancelado dos dĆas despuĆ©s de presentar un informe de investigación alegando que la hermana del fiscal general recibió contratos gubernamentales sin licitación por valor de 750 millones de pesos ($ 15 millones), posicionĆ”ndola como la Ćŗnica proveedora de asfalto productos al gobierno. El programa demostró que en el momento en que se firmaron los contratos, la hermana estaba cobrando un salario como empleada del Ministerio de Obras PĆŗblicas.
TambiĆ©n afirma que “los periodistas practicaron la autocensura, particularmente cuando la cobertura podrĆa afectar negativamente los intereses económicos o polĆticos de los propietarios de los medios”, a la vez que sostiene que “El gobierno influyó en la prensa a travĆ©s de contratos publicitarios”.
Denuncia deportaciones ilegales de haitianos
El informe del Departamento de Estado dice que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) denunció casos de migrantes haitianos y sus hijos, asĆ como de personas percibidas como tales, detenidos y deportados porque las autoridades no les permitieron recuperar documentos de inmigración o ciudadanĆa de sus residencias.
“TambiĆ©n hubo informes de deportaciones de niƱos no acompaƱados y de deportar a mujeres que dejaron a niƱos atrĆ”s. Los representantes de la organización de la sociedad civil dijeron que algunas deportaciones consistĆan en llevar a personas a travĆ©s de la frontera sin ningĆŗn registro de hacerlo. La OIM informó que la Dirección General de Migración se refirió a estos casos como devoluciones o no admitidas”, y que no existe un debido proceso para las deportaciones.
Reacción
El canciller Miguel Vargas reaccionó diciendo que próximamente se referirĆ” al informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre los derechos humanos en el paĆs. Observó que no ha estudiado el informe que acusa al gobierno de prĆ”cticas corruptas, tortura y coartar la libertad de prensa.
Por el Caribe
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