Por CNN Español
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(CNN Español) — La ex fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, anunció que entregará a la Corte Penal Internacional un informe sobre la que llama la masacre de El Junquito, el operativo en el que agentes de seguridad del Gobierno de Venezuela mataron al expolicía Óscar Pérez en esa zona del municipio Libertador, en el oeste de Caracas, el 15 de enero de 2018. El operativo también fue conocido como Operación Gedeón.
Luisa Ortega tuiteó que enviará en los próximos días a la Corte Penal Internacional “la fijación fotográfica de las víctimas de la #MasacreDelJunquito y del sitio del suceso. Esa evidencia no deja ninguna duda que lo ocurrido con Óscar Pérez y su grupo es un crimen de lesa humanidad”.
CNN vio días después de ese hecho el acta de defunción de Óscar Pérez y, según el documento de la morgue, su cuerpo presentaba un “traumatismo cráneoencefálico severo por herida de arma de fuego en la cabeza”.
Ortega fue fiscal general entre 2007 y 2017, cuando fue destituida. Ese año salió de Venezuela y se declaró opositora al gobierno de Nicolás Maduro, de quien solicitó orden de captura internacional.
Ortega Díaz afirma tener más de 300 fotos y que entregará “un informe forense que certifica la ejecución de este grupo de venezolanos a manos de funcionarios y paramilitares que sirven a la tiranía”.
“También tenemos pruebas contundentes de que las dos personas de colectivos que murieron durante el hecho fueron asesinadas por sus compañeros del FAES, quienes ejecutaron la masacre por órdenes de @NicolasMaduro”, concluyó. La FAES es las Fuerzas de Acciones Especiales de Venezuela.
Una fuente con conocimiento de la investigación sobre la acción policial y militar, y quien vio las actas de defunción, le aseguró a CNN el 19 de enero de 2018 que seis de los siete cuerpos que llegaron a la morgue en Caracas presentaban impacto de bala en la cabeza.
El presidente Nicolás Maduro dijo en ese entonces que el “grupo terrorista” planeaba hacer explotar un coche bomba frente a la embajada de un país amigo.
Pérez fue el exinspector de la policía científica de Venezuela que desafió la seguridad del Estado venezolano cuando se llevó un helicóptero y atacó el edificio de la Corte Suprema en Caracas a mediados de 2017. La mañana del 15 de enero numerosos funxuonarioa de seguridad del Gobierno de Venezuela ubicaron a Oscar Pérez en la zona de El Junquito, en las afueras de la capital.
Desde tempranas horas de esa mañana, Pérez publicó varios videos en su red social en los que mostraba estar resguardado en una habitación junto a otros miembros de su equipo. Pérez, ensangrentado, denunció que miembros de la policía le habían disparado. Sin embargo, el constituyente Diosdado Cabello informó en su cuenta de Twitter ese día que Pérez “atacó a quienes lo rodean, hiriendo a dos funcionarios del FAES, los cuerpos de seguridad respondieron al fuego”.
Varias organizaciones no gubernamentales de derechos humanos lanzaron fuertes críticas contra el Gobierno por el operativo que acabó con la vida de Pérez.
Human Rights Foundation, por ejemplo, consideró que se trató de un uso excesivo de la fuerza e incluso habló de “ejecución extrajudicial”. Sin embargo, el ministro del Interior, Néstor Reverol, indicó que fue el grupo de Pérez el que comenzó el enfrentamiento y que al poner “en riesgo la vida de funcionarios públicos”, respondieron al ataque.
Por su parte, también en ese entonces, el director de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, dijo en entrevista con Fernando del Rincón en Conclusiones que “estos no son hechos aislados y creemos que el récord de la dictadura de Maduro justifica hoy día la apertura de una investigación preliminar por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional
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